El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA recomendó rechazar la autorización de comercialización de Lagevrio (Molnupiravir, MSD) para el tratamiento del COVID-19 en adultos, ya que "no se pudo demostrar el beneficio clínico de Lagevrio en el tratamiento de adultos con COVID-19 que no reciben oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Sobre la base de la totalidad de los datos, no fue posible concluir que Lagevrio pueda reducir el riesgo de hospitalización o muerte o acortar la duración de la enfermedad o el tiempo de recuperación en adultos con riesgo de enfermedad grave. Además, no fue posible identificar un grupo específico de pacientes en los que pudiera demostrarse un beneficio clínicamente relevante de Lagevrio".
Se trata de una lógica decisión que parecía inevitable desde que en octubre de 2022 ya vimos los resultados preliminares para el antiviral oral de Merck en el estudio Panoramic, un ensayo clínico con una muestra de 25.783 pacientes que ha tumbado las desmesuradamente optimistas expectativas mediáticas.
La decisión de la EMA ha dejado en evidencia a los gobiernos que quisieron acaparar el fármaco prematuramente, fundamentalmente el británico, que dilapidó en su compra 1.000 millones de libras. La avaricia rompe el saco. Lo malo es que quien paga es el contribuyente.
Molnupinavir se ha usado poco en España. El Gobierno anunció que se sumaría a la compra centralizada de la Comisión Europea, pero ésta no se llegó a concretar al surgir los primeros datos que cuestionaban su eficacia. Menos mal, porque eran 600 € por tratamiento.
Lo que si compró España fueron 340.000 tratamientos de otro antiviral oral, el Paxlovid de Pfizer, por unos 164 millones de euros (unos 500 € por tratamiento). Pero su utilización está siendo también baja a causa de las múltiples interacciones farmacológicas que presenta. El tiempo dirá si corre la misma suerte que el fármaco de Merck.
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